Sobre España

miércoles, 13 de abril de 2011

80 aniversario de la Segunda República Española.


Conocí al Rey a mediados del año 1999 con motivo del acto de fin de curso de la Academia Diplomática de Madrid. Allí cursé el Master en Estudios Internacionales para jóvenes diplomáticos y también para otras personas interesadas en las relaciones internacionales.

Gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional que financió mi estancia y la matricula, y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba que me seleccionó para dicho curso y sufragó el billete de ida y regreso tuve no sólo la oportunidad de estudiar en esa Academia y de conocer a gente muy interesante sino también de tener ese contacto con Juan Carlos. Cierto que era un ambiente diplomático y el contacto apenas alcanzó unas dos horas como máximo, pero para mí suficiente para captar ciertos rasgos que antes de opinar sobre la monarquía y la república me es imposible no referir. Por aquella época era funcionario de la cancillería cubana, ahora vivo en España.

Su Majestad es una persona afable, simpática, causa buenas vibraciones, es amable y en absoluto te recuerda su condición de Rey.   A pesar de que en aquel momento y ahora sea marxista, este contacto enriqueció mi perspectiva sobre la importancia de valorar no sólo las instituciones sino también el rol de las personalidades en la historia de los países. Desde entonces soy más dialectico y comprendí mejor porque el Rey es bien considerado en los círculos oficiales cubanos y de otros gobiernos progresistas latinoamericanos, representantes más paradigmáticos de los sectores populares que conservamos la memoria histórica sobre las injusticias del colonialismo español. Esto explica que Hugo Chávez prefiriera pasar página al porqué no te cayas.

Esta experiencia y modo de ver y de percibir a Juan Carlos no nos convierte en monárquicos. Somos, mejor dicho, soy republicano pues entiendo que el sistema más democrático posible es el republicano. Pero esta convicción no es suficiente como para caer en el radicalismo, entendiendo por radicalismo esa forma de pensar de que una república necesariamente y en cualquier circunstancia es la meta inmediata. Toda obra social para que perdure debe contener las aspiraciones de la inmensa mayoría del pueblo y el consenso de sus representantes legítimos. La justicia no es otra cosa que el equilibrio y la equidad de los intereses.

Y es este el punto desde el que deseo comenzar mi homenaje modesto  pero emotivo a los republicanos españoles caídos durante la Guerra civil y después. Ellos fueron y son un faro, que no todos alcanzan a ver, y que otros muchos tratan de apagar, hacia lo que será un resultado inevitable de la historia: la república como forma de gobierno y de Estado, por ser el más democrático, el más consecuente con la libertad, la justicia y la igualdad.

No sería de recibo, sin embargo,  desconocer los avances que han tenido lugar en España en lo concerniente a la libertad y a la justicia bajo la Constitución de 1978 y el reinado de Juan Carlos.  No sería equilibrado, y por tanto, objetivo. El avance más importante es la libertad de expresión, de asociación, de manifestación y de reunión. A partir de estas libertades el pueblo fue consiguiendo un Estado más social y democrático. Ahora bien, en los últimos tres años muchas conquistas sociales han sido abolidas lo que representa un retroceso injusto y devastador para la democracia y la sociedad española. En este contexto el paradigma republicano empieza a tomar nuevos bríos en la conciencia colectiva de los españoles.  

No se trata, en mi opinión, de una conciencia anti carlista sino de la natural asociación de las causas de la crisis económica, política y social actual de España con las instituciones que tradicionalmente se han descubierto como las responsables no sólo de la crisis sino de la forma en que se pretende resolver y en quiénes se descarga el peso de soportarla.  En efecto, el liberalismo económico, la corrupción política, la desidia y el desprecio hacia los derechos alcanzados por la clase media y trabajadora, por parte de un nutrido grupúsculo al que la literatura periodística de nuestros días le ha puesto el nombre de casta, comienza a demostrar que el sistema debe ser corregido, muchas de sus instituciones deben ser reformadas o abolidas pues se han revelado como inútiles en la defensa de los intereses generales.

La Monarquía se presenta como el mayor exponente de la casta, y aunque la familia real no sea responsable directa de la crisis actual, en una sociedad en la que los privilegios crecen de manera desmesurada, en la que los jueces pueden o se ven obligados a perseguirse a ellos mismos en tanto los políticos corruptos escapan a la justicia explotando los fallos del sistema, en el que el dinero público se destina a salvar ese sistema de privilegios y corruptelas, entre otras cosas, es lógico que la gente mire con decepción al máximo referente del sistema.

Otro elemento de deslegitimación se presenta por la falta de transparencia en la utilización de los fondos públicos a disposición de la Casa Real, en este contexto de crisis económica. Desgraciadamente este modelo se ha ido contagiando de una u otra forma a otras instituciones en el sentido de convertir el control financiero y económico en algo formal. Ningún político ha respondido por el inmenso déficit presupuestario que ahora tienen que pagar todos los españoles. Los caprichos de la casta deben pagarlo los empleados públicos, los jubilados  y el resto de los españoles en tanto que los responsables de la crisis, políticos y banqueros, ven como sus beneficios se incrementan. Todo esto en nombre del  interés general.

Para mí, la meta de la República, no es simplemente o únicamente sustituir un Rey por un presidente o un primer ministro. Más importante aún es avanzar hacia la democratización de los partidos políticos, del régimen electoral, del derecho de huelga,  del control ciudadano sobre los poderes públicos democratizando la iniciativa legislativa popular y reconociendo el derecho de la ciudadanía a transformar y mejorar todas las instituciones políticas, económicas y sociales mediante referéndum popular, sin menoscabo de los derechos individuales y de las minorías. Más importante aún es devolver la economía y la propiedad sobre los medios de producción al sentido social y al interés público, es decir, restablecer el equilibrio entre el derecho individual al beneficio y el deber de contribuir y respetar los derechos de los consumidores y el interés general.

Una medida de profundo calado democrático que la casta tiembla sólo de escucharla es establecer el voto proporcional sin corrección, y además, la obligatoriedad de listas electorales abiertas de manera que los electores no sólo tengan el derecho de elegir una hipotética alternativa política o ideológica sino también dentro de ésta los candidatos que considere más confiables, sinceros y no comprometidos por casos de corrupción. Esta medida que se puede adoptar sin necesidad de reformar la Constitución implicaría toda una revolución: la composición del parlamento se correspondería mejor con la pluralidad de la sociedad y muchos políticos corrompidos, incapaces, demagogos y prepotentes irían a parar al lugar del que nunca debieron haber salido.

Otra medida sería aprobar una Ley de Huelga que garantice este derecho, no como ahora, que al amparo de unos servicios mínimos esenciales para la comunidad, que muchos españoles nunca han conocido, tal derecho se limita de tal manera que toda huelga efectiva se convierte en ilegal y sus protagonistas en alborotadores o delincuentes.

Por supuesto, muchísimas otras medidas concretas indiscutiblemente democratizadoras transformarían nuestra sociedad, la harían más moderna, democrática y atractiva, pero en contra estarán aquellos que proclamándose adalides de la democracia se blindan en sus privilegios y aplastan toda iniciativa de cambio y progreso.

El pueblo no tiene otra alternativa que avanzar, y el Monarca no tiene otro remedio que facilitar la democracia u oponerse a ella. Con su decisión, quizás ya tomada, definirá con quien se enroca: con la Casta o con el Pueblo.




martes, 5 de abril de 2011

LOS EXPRESIDENTES DEL GOBIERNO ESPAÑOL.


Hace unas semanas la prensa informaba que los ex presidentes del Gobierno español José María Aznar y Felipe González eran fichados para “trabajar” como asesor de ENDESA el primero y como miembro independiente  del Consejo de Administración de Gas Natural, el segundo.

Es cierto que no es la primera vez que ex ministros españoles pasados los dos años  de incompatibilidad se incorporan como altos cargos de importantes empresas. Sin embargo, el estatuto de los ex ministros y de los ex presidentes es diferente, pues distintas son las situaciones de procedencia. El Presidente de Gobierno sólo está controlado formalmente por el Parlamento, formalmente pues se sabe que éste es controlado por el partido político del Presidente, que éste lidera. Además, el acceso a toda la información vital del Estado pasa por las manos del Presidente, y sus decisiones son las que realmente marcan el rumbo político del país, de ahí la importancia de ostentar un estatuto que le garantice estar en capacidad de tomar decisiones objetivas que sirvan realmente el interés general o público.

Las decisiones de Felipe Gonzáles y de José María Aznar debilitan el sistema institucional español. Han convertido  la Moncloa  del escalón más alto al que pueden aspirar los servidores políticos en un mero trampolín hacia la cima de grandes empresas privadas con miras en el enriquecimiento personal.  Un fin ha sido corrompido para transformarlo en un instrumento.

Lamentable ha resultado la escasa crítica negativa en la sociedad española sobre estos fichajes, salvo excepciones, quedando demostrado con ello la falta de principios éticos y morales no sólo de la clase política sino de la intelectualidad al servicio de los dos grandes partidos que controlan los medios masivos de información.

 Este fenómeno viene a debilitar aún más el sistema institucional español, debilidad que nace con el Real Decreto 2102/1983, de 4 de agosto. Éste atribuía ciertas prerrogativas «durante los cuatro años inmediatos siguientes a partir del momento de su cese. En particular, como dotación económica se preveía una asignación equivalente a 15.025,30 euros anuales para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles, en todo caso, limitada al plazo de cuatro años referido.

El Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, suprimió el plazo de cuatro años para ser de carácter vitalicio. Además, se les reconocía derecho a la pensión indemnizatoria prevista en el artículo 10, número 5, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981. Se trata de una pensión indemnizatoria mensual equivalente a la dozava parte del 80% del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor, importe que sea actualizado todos los años.  

Además, debe destacarse la Ley Orgánica del Consejo de Estado, modificada en 2008, creándose la categoría de consejero nato retribuido con carácter vitalicio para los ex presidentes del Gobierno de España. Así, para el presente año 2011 se prevé una dotación presupuestaria de 238.010 euros para los ex presidentes Adolfo Suarez, Felipe González y José Mª Aznar –unos 80.000 euros para cada uno- retribuciones con cargo al erario público.

El Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, ya mencionado, es una norma jurídica criticable pues más que un estatuto es una lista de privilegios concedidos a los ex presidentes pues no se menciona como contrapartida ningún deber u obligación. Todo estatuto reconoce derechos pero también establece obligaciones. Ni siquiera en su preámbulo se incluyen frases retóricas sobre la lealtad a España, al parecer eso poco importa a la vista de lo que se ha visto. Tampoco se dice nada sobre el deber de abstenerse de utilizar los recursos humanos y materiales que se les facilitan para actividades que no sean de interés o beneficio público o para proyectos estrictamente personales como la elaboración de memorias, conferencias, actividades académicas, etcétera.

La última modificación a este Real Decreto tuvo como único fin aplicar al cónyuge o persona unida con análoga relación de afectividad, en caso de fallecimiento de los Ex Presidentes del Gobierno, los beneficios que el real Decreto otorga a éstos en los artículos 3 y 4. Esta modificación desnaturaliza aún más el estatuto y la institución de ex presidente, sin menoscabo de los legítimos derechos y o beneficio que se consideren de interés público conceder a las ex parejas de los ex presidentes.

Dice el artículo tres de este Real Decreto que Los Ex Presidentes del Gobierno podrán disponer de los medios y prerrogativas que a continuación se expresa:

Se adscribirán a su servicio dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación. Dichos puestos de trabajo se incluirán en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno prevista en la del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
El personal que ocupe dichos puestos tendrá la consideración de personal eventual de gabinete y, si fuesen funcionarios, pasarán a la situación de servicios especiales.
Una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado.
Se pondrá a su disposición un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado.
Gozarán de los servicios de seguridad que las autoridades del Ministerio del Interior estimen necesarios.
Disfrutarán de libre pase en las Compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

No es de recibo reconocer tantas prerrogativas sin pedir nada a cambio. Este Real Decreto malcría y mal educa a los ex presidentes, es un estímulo a convertirles en personas histriónicas, egocéntricas, y avaras.  Se les debe exigir algo a cambio, en primer lugar, lealtad a España y sus instituciones, en segundo lugar, un listado exhaustivo de incompatibilidades que garanticen esa lealtad. Además, deberá rendir cuenta del uso de los bienes que se le conceden, salvo la pensión que es de carácter estrictamente personal. Ésta debería quedar en suspenso o disminuirse su importe en el caso de que obtenga retribuciones del sector privado por actividades no incompatibles con su condición de ex presidente.

Por último, no es un Real Decreto la norma jurídica adecuada para regular el estatuto de los ex presidentes. Debe hacerse por ley, y congelar en ese rango la regulación de una institución que es prolongación axiomática del de Presidente de Gobierno.


Nota: enlace al Real Decreto http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd405-1992.html.