Sobre España

martes, 5 de abril de 2011

LOS EXPRESIDENTES DEL GOBIERNO ESPAÑOL.


Hace unas semanas la prensa informaba que los ex presidentes del Gobierno español José María Aznar y Felipe González eran fichados para “trabajar” como asesor de ENDESA el primero y como miembro independiente  del Consejo de Administración de Gas Natural, el segundo.

Es cierto que no es la primera vez que ex ministros españoles pasados los dos años  de incompatibilidad se incorporan como altos cargos de importantes empresas. Sin embargo, el estatuto de los ex ministros y de los ex presidentes es diferente, pues distintas son las situaciones de procedencia. El Presidente de Gobierno sólo está controlado formalmente por el Parlamento, formalmente pues se sabe que éste es controlado por el partido político del Presidente, que éste lidera. Además, el acceso a toda la información vital del Estado pasa por las manos del Presidente, y sus decisiones son las que realmente marcan el rumbo político del país, de ahí la importancia de ostentar un estatuto que le garantice estar en capacidad de tomar decisiones objetivas que sirvan realmente el interés general o público.

Las decisiones de Felipe Gonzáles y de José María Aznar debilitan el sistema institucional español. Han convertido  la Moncloa  del escalón más alto al que pueden aspirar los servidores políticos en un mero trampolín hacia la cima de grandes empresas privadas con miras en el enriquecimiento personal.  Un fin ha sido corrompido para transformarlo en un instrumento.

Lamentable ha resultado la escasa crítica negativa en la sociedad española sobre estos fichajes, salvo excepciones, quedando demostrado con ello la falta de principios éticos y morales no sólo de la clase política sino de la intelectualidad al servicio de los dos grandes partidos que controlan los medios masivos de información.

 Este fenómeno viene a debilitar aún más el sistema institucional español, debilidad que nace con el Real Decreto 2102/1983, de 4 de agosto. Éste atribuía ciertas prerrogativas «durante los cuatro años inmediatos siguientes a partir del momento de su cese. En particular, como dotación económica se preveía una asignación equivalente a 15.025,30 euros anuales para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles, en todo caso, limitada al plazo de cuatro años referido.

El Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, suprimió el plazo de cuatro años para ser de carácter vitalicio. Además, se les reconocía derecho a la pensión indemnizatoria prevista en el artículo 10, número 5, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981. Se trata de una pensión indemnizatoria mensual equivalente a la dozava parte del 80% del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor, importe que sea actualizado todos los años.  

Además, debe destacarse la Ley Orgánica del Consejo de Estado, modificada en 2008, creándose la categoría de consejero nato retribuido con carácter vitalicio para los ex presidentes del Gobierno de España. Así, para el presente año 2011 se prevé una dotación presupuestaria de 238.010 euros para los ex presidentes Adolfo Suarez, Felipe González y José Mª Aznar –unos 80.000 euros para cada uno- retribuciones con cargo al erario público.

El Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, ya mencionado, es una norma jurídica criticable pues más que un estatuto es una lista de privilegios concedidos a los ex presidentes pues no se menciona como contrapartida ningún deber u obligación. Todo estatuto reconoce derechos pero también establece obligaciones. Ni siquiera en su preámbulo se incluyen frases retóricas sobre la lealtad a España, al parecer eso poco importa a la vista de lo que se ha visto. Tampoco se dice nada sobre el deber de abstenerse de utilizar los recursos humanos y materiales que se les facilitan para actividades que no sean de interés o beneficio público o para proyectos estrictamente personales como la elaboración de memorias, conferencias, actividades académicas, etcétera.

La última modificación a este Real Decreto tuvo como único fin aplicar al cónyuge o persona unida con análoga relación de afectividad, en caso de fallecimiento de los Ex Presidentes del Gobierno, los beneficios que el real Decreto otorga a éstos en los artículos 3 y 4. Esta modificación desnaturaliza aún más el estatuto y la institución de ex presidente, sin menoscabo de los legítimos derechos y o beneficio que se consideren de interés público conceder a las ex parejas de los ex presidentes.

Dice el artículo tres de este Real Decreto que Los Ex Presidentes del Gobierno podrán disponer de los medios y prerrogativas que a continuación se expresa:

Se adscribirán a su servicio dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación. Dichos puestos de trabajo se incluirán en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno prevista en la del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
El personal que ocupe dichos puestos tendrá la consideración de personal eventual de gabinete y, si fuesen funcionarios, pasarán a la situación de servicios especiales.
Una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado.
Se pondrá a su disposición un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado.
Gozarán de los servicios de seguridad que las autoridades del Ministerio del Interior estimen necesarios.
Disfrutarán de libre pase en las Compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

No es de recibo reconocer tantas prerrogativas sin pedir nada a cambio. Este Real Decreto malcría y mal educa a los ex presidentes, es un estímulo a convertirles en personas histriónicas, egocéntricas, y avaras.  Se les debe exigir algo a cambio, en primer lugar, lealtad a España y sus instituciones, en segundo lugar, un listado exhaustivo de incompatibilidades que garanticen esa lealtad. Además, deberá rendir cuenta del uso de los bienes que se le conceden, salvo la pensión que es de carácter estrictamente personal. Ésta debería quedar en suspenso o disminuirse su importe en el caso de que obtenga retribuciones del sector privado por actividades no incompatibles con su condición de ex presidente.

Por último, no es un Real Decreto la norma jurídica adecuada para regular el estatuto de los ex presidentes. Debe hacerse por ley, y congelar en ese rango la regulación de una institución que es prolongación axiomática del de Presidente de Gobierno.


Nota: enlace al Real Decreto http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd405-1992.html.



1 comentario:

  1. Serafín, me parecen muy interesantes tus reflexiones. Pero creo que aunque somos muchos los que pensamos como tu, nuestras ideas no son escuchadas. Aquí no solamente hay que hablar de los ex presidentes del gobierno, también de los senadores, diputados, alcaldes y concejales de ayuntamientos, cuerpo diplomático, eurodiputados... tantos y tantos cuyo fin es llenarse el bolsillo con las arcas públicas mientras que somos los trabajadores los que tenemos que sacar a flote esta economía maltrecha.

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